Por qué el estado de Guanajuato debe entregar una extensión de nueve años a una concesión carretera que aún le quedan 18 años?
El libramiento carretero al sur de Celaya es de cuota. Juan Manuel Oliva concedió el negocio por 30 años para mejorar el tráfico hace 15 años. Tarda en liberar las tierras y extiende la concesión tres años. Llega la pandemia y a casi todos nos pega. El concesionario pide extensión. Tenía razón en que el negocio bajó. Pero todas las empresas sufrieron, salvo las funerarias y los hospitales. El gobierno quiso que los guanajuatenses cubrieran esa extensión. Diego Sinhue Rodríguez aceptó prolongar el trato nueve años más. De terminar en el 2043 se fue al 2052.
Un despistado podría argumentar: bueno, eso está muy lejos, dentro de 27 años muchos no estaremos aquí, qué puede importar. El valor presente de una inversión hace posible, en términos financieros, que una carretera con una concesión vigente de 18 años valga mucho más si se prolonga un 50% de su vigencia.
Supongamos una tasa de interés anual del 7%. Algo muy pero muy conservador, supongamos que la carretera deja 100 millones anuales de utilidad. Pregunto a Perplexity el valor de la extensión y contesta: “El valor razonable para pagar por la extensión de nueve años, bajo supuestos conservadores y sin considerar cambio en tráfico ni inflación de ingresos, sería de alrededor de 652 millones de pesos”.
Cuando tengamos los números y las consideraciones que “justificaron” esa extensión, podremos mejorar nuestra puntería. Ahora navegamos sin instrumentos. ¿Por qué Diego entregaría ese valor? ¿A cambio de qué? ¿Cuál es el beneficio para los guanajuatenses?
Según la ley, toda extensión de una concesión se debe otorgar durante la última quinta parte del contrato. Si fue a 30 años y se realizó en 2010, es claro que debió ser después del 2034. ¿Por qué Diego se adelantó? Es una respuesta que debe tener el gobierno de forma institucional.
El tema es económico y político porque hay un daño al erario cuando se otorgan bienes públicos sin ninguna razón o sustento. Al menos no la conocemos porque el gobierno no entrega ningún estudio, ningún proyecto. “Nada, nothing, rien, nichts, niente”, de ninguna forma y en ninguna lengua, y tal vez bajo ninguna circunstancia, la Secretaría de Obra Pública se atreve a informar a los guanajuatenses cómo estuvo todo el enjuague. ¿Qué esconden?
Es improbable que los negocios del Estado que hizo Diego fueran a ciegas, sin que le avisara alguien lo que valen las cosas. Sabemos que para nuestra gobernadora, Libia García, es un enredo enorme que le dejó el ahora empresario Diego Sinhue Rodríguez.
Es un tema muy intenso, sin duda.
Los negocios de Diego también los debe explicar el Congreso. Nuestros representantes pueden ser eso y no lacayos. Miguel Márquez, exgobernador y padrino de Diego, dijo que no había razón para entregar la Silao-Guanajuato. Sería una tragedia para el PAN dejar que la oposición fuera la que debatiera y combatiera las concesiones otorgadas y alargadas al final del sexenio pasado.
Tomemos un ejemplo de otra empresa que sufrió un golpe tremendo durante la pandemia. El grupo Flecha Amarilla, uno de los mayores empleadores en Guanajuato, tuvo acceso a un crédito de unos 86 millones por parte del Estado. Estuvo bien, es una empresa que tiene muchos socios locales. Al final pudo obtener el beneficio de la condonación de los intereses cuando liquidó la deuda. Otras empresas favorecidas que pagaron puntualmente tuvieron ese beneficio. [...]
